La ley ‘rider’ no es bienvenida

ley riderLos repartidores reclaman su consideración como autónomos tras la propuesta de la ley ‘rider’. Además, creen que esta nueva ley traerá desempleo en el sector.

En estos primeros meses de 2021, los repartidores, también llamado ‘riders’ han salido a las calles para protestar en contra de la recientemente ley propuesta denominada ley ‘rider’. Los manifestantes se oponían a su consideración como trabajador asalariado dentro de esta nueva ley, y reclamaban ser regulados como autónomos en un ámbito digital. Además, reclamaban una ampliación de sus derechos, así como una mayor representatividad por parte de los convenios.

Los ‘riders’, como cualquier otro repartidor corriente, realizan entregas presenciales a domicilio, pero, a diferencio de los demás repartidores de este sector, estos tienen como intermediarios -entre distribuidoras y clientes- una plataforma virtual.

Este tipo de trabajos se encuentra dentro de un modelo emergente, que adquiere diversas formas dependiendo de la necesidad y que está creciendo con rapidez. A este modelo de trabajo se le llama trabajo de plataformas.

Debido a las nuevas tecnologías y el avance que se ha conseguido gracias a estas, el trabajo en plataformas posibilita la intermediación de cualquier tipo entre empresas distribuidoras y clientes.

Rechazo a la nueva ley

Las diversas protestas que ha habido en contra de la nueva ley ‘rider’ aquí en España, se debe principalmente a dos factores.

En primer lugar, la perdida de flexibilidad de los ‘riders’ tras considerarlos trabajadores asalariados en vez de autónomos. Muchas personas que deciden adentrarse en este sector valoran la flexibilidad que ofrece, ya que el repartidor no tiene que dedicarse exclusivamente ha este trabajo, y a demás puede ofrecer sus servicios en momentos oportunos, dependiendo de su disponibilidad horaria. Este aspecto es debido a su figuración en el contrato como trabajadores autónomos, y los cuales ofrecen sin compromiso sus servicios a todo tipo de clientes.

Sin embargo, la ‘libertad’ de estas plataformas está fuertemente condiciona. En los contratos de colaboración, pertinentes para trabajar en estas plataformas, se detallan una serie de códigos de conducta que el repartidor debe cumplir. Por lo tanto, la plataforma logra mantener un control excesivo en sus repartidores, mediante instrumentos de geolocalización o GPS, y también a través de la valoración que el cliente tramita tras obtener los servicios del ‘rider’.

A través de un sistema de algoritmos que tiene alguno de los factores nombrados anteriormente, como son la disponibilidad del ‘rider’ y su valoración por parte de los clientes, la plataforma da prioridad a la hora de ofrecer clientes a los repartidores mejor puntuados, y prescindir de los peor valorados.

Y, en segundo lugar, el temor al cierre de operaciones por parte de la plataforma, y como consecuencia el desempleo, debido a la subida de los costes laborales. Gran parte de los repartidores que conforman estas plataformas están en una situación de grave vulnerabilidad económica. Es por esto por lo que, muchos jóvenes optan por este tipo de trabajos, ya que son desempleados con dificultades para conseguir empleo o extranjeros en situación irregular.

La prestación de estos servicios se encuentra en una situación de precariedad, ya que los repartidores de estas plataformas no tienen asegurado una jornada laboral o unos ingresos mínimos. Además, estos no gozan de los derechos laborales que les pertenecen como personas asalariadas. En este contexto, la poca representatividad de los sindicatos es un hecho, lo que supone un obstáculo más para alcanzar un acuerdo y/o negociación colectiva para la mejora de esta situación con las diferentes empresas propietarias de las plataformas.

Un nuevo modelo

Los organismos internaciones destacan la variedad de oportunidades de negocio y empleo que posibilita este tipo de plataformas digitales de reparto. No solo ofrece un empleo, mas o menos flexible a los repartidores, si no que también favorece la posibilidad de conseguir un nuevo modelo de negocio para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, estos mismos organismos denuncian que muchas de las plataformas de reparto, no cumplen con las legislaciones fiscales, laborales y de consumo en los países a los que llega sus servicios.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los múltiples grupos sindicales internacionales, que están de acuerdo en que es necesario velar por la seguridad de los ‘riders’ que conforman las plataformas. Sin importar su situación fuera de este ámbito de trabajo, la OIT y los sindicatos creen necesario e imprescindible un diálogo entre las partes para mejoras las condiciones laborales.

En esta línea de diálogo, la Comisión y el Parlamento Europeo han propuesto una serie de iniciativas para el desarrollo de una serie de condiciones laborales acordes a este nuevo modelo de negocio. Al mismo tiempo, se han ocasionado números debates entre los políticos y colectivos sindicales de muchos de los países europeos a cerca de las legislaciones que regulan este tipo de plataformas.

En el caso de España, las plataformas de reparto ya han tenido diversos enfrentamientos con los poderes públicos. El 25 de septiembre de 2020, el Tribunal Supremo dictaminó la condición de asalariados de los ‘riders’ tras años de reclamación de estos últimos. Por otro lado, la Inspección de Trabajo a regularizado a miles de falsos autónomos, incluyéndoles en la Seguridad Social, además de multar a las plataformas denunciadas.

El suceso más reciente, ha sido la propuesta de la nueva ley ‘rider’ por parte del Legislador. Esta futura ley ha sido acordada por el Gobierno, los sindicatos y la patronal, donde se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores, además de exigir a las plataformas la obligación de informar a los trabajadores de los algoritmos aplicados en la relación laboral.

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